Con una situación del sector de la energía fotovoltaica local al borde del abismo, la Generalitat Valenciana acaba de anunciar que van a recurrir el decreto impulsado por Francisco Camps, que pone en serio peligro la ya escasa estabilidad económica que tienen las energías limpias en la Comunidad Valenciana.
Según han confirmado a los medios, se trata de un decreto que consideran profundamente injusto, ya que es una «nueva reforma que castiga de manera injustificada a las empresas fotovoltaicas y a quienes invirtieron en el sector, al reducir un 30% las previsiones de ingresos que les correspondían según la normativa anterior». Vamos, que primero se hizo una legislación que amparaba tremendamente al inversor, garantizando que el obtener beneficios iba a ser relativamente fácil gracias al apoyo gubernamental, y ahora, cuando todos han aportado su granito de arena como pequeños emprendedores, se cambia nuevamente la legislación, y se hacen desaparecer esas subvenciones. De este modo, si los que pusieron sus ahorros en proyectos relacionado con las energías renovables no pueden hacer frente a los pagos, como seguramente sucederá, los bancos procederán a expropiar sus posesiones, que saldrán a subasta pública. ¿A alguien se le ocurre quien podría, por ejemplo, comprarlas? Pues sí, los políticos del grupo que lidera Francisco Camps podrían hacerlo, y así colgarse medallas.
Creo que esta situación, profundamente injusta y lamentable, debe ser atajada con contundencia por los tribunales. Y es que no hay derecho a que la gente sea pisoteada de esta manera, y mucho menos cuando han puesto tantos esfuerzos en proyectos renovables, que son los que están llamados a levantar el país.
Foto: Visentico