La empresa que gestiona las instalaciones de la central nuclear de Garoña, Nuclenor, ha solicitado oficialmente al Gobierno de España que se le conceda la gestión de la productora de energía hasta el año 2019, que plantean como límite máximo de la explotación, por razones de seguridad, y por supuesto en medio de una gran controversia.
Y es que no es de extrañar que haya frentes que se resisten a aceptar que esta central siga funcionando, sobre todo si tenemos en cuenta informes como el de la Agencia Federal Nuclear Belga, que alertaba a la Administración española durante el pasado mes de agosto sobre el riesgo que corre la central de fisura de sus vasijas, lo que podría tener consecuencias catastróficas. Mientras tanto, desde el Ejecutivo mandan un mensaje claro y contundente: «El Gobierno siempre que lo plantee una empresa va a tramitar esa solicitud, tal y como lo ha hecho en el caso concreto de Garoña, pero éste no tiene interés ni a favor ni en contra de la energía nuclear. Tiene interés en que haya un mix energético lo más equilibrado posible». Si bien es cierto que la energía nuclear de momento es un mal necesario, las palabras del Gobierno no parecen del todo fiables.
¿Por qué? Pues porque mientras los contratos para la energía nuclear se extienden incluso cuando entrañan ciertos riesgos (algo que no me parece admisible), a las energías renovables, que forman también parte de ese «mix energético», se les ha dado la espalda desde hace tiempo, reduciendo y eliminando primas y subvenciones.